Descripción general del contenido
Este libro reúne tres leyes fundamentales del derecho penal guatemalteco en materia de criminalidad financiera.
Contiene tres leyes penales clave, cada una con su respectivo reglamento, orientadas a combatir delitos complejos como el lavado de dinero, la extinción de dominio y el financiamiento del terrorismo. Estas disposiciones legales reflejan el compromiso del Estado con la prevención, investigación y sanción de delitos que afectan la seguridad económica y jurídica del país. La compilación facilita el acceso y comprensión de estos marcos jurídicos esenciales para operadores de justicia, abogados, estudiantes de derecho y funcionarios públicos.
Contenido
El libro comprenden las siguientes leyes y sus reglamentos:
Lavado de dinero – Decreto Número 67-2001
Establece las medidas legales para prevenir y sancionar la conversión, transferencia o encubrimiento de bienes provenientes de actividades ilícitas.Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos – Acuerdo Gubernativo Número 118-2002
Desarrolla los procedimientos y obligaciones de las entidades sujetas a supervisión, incluyendo reportes de transacciones sospechosas.
Extinción de dominio – Decreto Número 55-2010
Regula la pérdida de derechos sobre bienes adquiridos de forma ilícita, sin necesidad de una sentencia penal previa.Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio – Acuerdo Gubernativo Número 514-2011
Establece los procedimientos técnicos y administrativos para aplicar la extinción de dominio conforme a la ley.
Financiamiento del terrorismo – Decreto Número 58-2005
Define como delito el financiamiento de actos terroristas y organizaciones vinculadas al terrorismo, estableciendo sanciones penales.Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo – Acuerdo Gubernativo Número 86-2006
Detalla las acciones de prevención, monitoreo y reporte que deben cumplir instituciones financieras y otras entidades reguladas.
Esta obra es una herramienta indispensable para la aplicación práctica del derecho penal económico, fortaleciendo el marco legal para combatir el crimen organizado y proteger el orden jurídico y financiero del país.